LAS EXPROPIACIONES POR CAUSA DE URBANISMO

Nota: El presente artículo está completamente desactualizado (data del año 2002), pero lo he querido incluir en mi blog ya que algunas de sus consideraciones o conceptos aún son aplicables. Sin embargo, su contenido normativo está obsoleto.


La figura legal relativa a la expropiación urbanística ha sido objeto de sustanciales modificaciones en los últimos años, principalmente a consecuencia de la ya famosa Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 61/1997 de 20 de marzo, la cual vino a anular la inmensa mayoría de los preceptos legales contenidos en la Ley del Suelo de 1992. Esa anulación masiva de disposiciones afectó a la regulación otorgada a las expropiaciones, provocando una clara dicotomía: por un lado, la vuelta obligada a la legislación anterior en esta materia y, por otro, el advenimiento de un importante vacío legal en muchos aspectos. A ello hay que añadir que, apenas tres meses después de ser dictada la STC, en junio de 1997, el Tribunal Supremo anuló a través de otra Sentencia tres de los artículos que en materia expropiatoria habían salido indemnes de la quema del Tribunal Constitucional.

El Boletín Oficial del Estado Nº 89 de 14 de abril de 1998 vino a poner algo de orden en el aparente caos producido por la STC de 1997, cuyos nocivos efectos habían dejado huérfana a la legislación urbanística española. Así, a través de la publicación en el B.O.E. de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones pudo vislubrarse un horizonte algo más diáfano en la lejanía, si bien, esa claridad dista aún mucho de materializarse: según se indica en la Exposición de Motivos de la citada Ley del Suelo, el texto únicamente se limita a incluir los mínimos preceptos imprescindibles para enmarcar el ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de las Administraciones Públicas, articulando una serie de normas generales (apenas 8 artículos) que presiden los procedimientos expropiatorios. La misma Ley, salvando su pobre regulación realiza una amplísima remisión a la legislación urbanística autonómica, otorgando además supletoriedad a la vetusta Ley de Expropiación Forzosa en todo aquello que las Autonomías no regulen.

El artículo 34 de la Ley 6/1998, denominado “funciones de la expropiación”, viene a disponer que “la expropiación por razón de urbanismo podrá aplicarse de acuerdo con las finalidades previstas en la legislación urbanística y, asimismo, por incumplimiento de la función social de la propiedad, con los requisitos previstos en la Ley de Expropiación forzosa”. Ello significa que por primera vez en la legislación estatal encontramos lo que podría denominarse un concepto legal de las expropiaciones por razón de urbanísmo, ya que hasta la fecha no existía en puridad una definición legal de las mismas. Dicho artículo establece a su vez los dos principales cauces de expropiación: en función de las necesidades previstas en la legislación urbanística (realizando una clara remisión a la normativa autonómica, cuyos motivos expropiatorios vendrán dados por el planeamiento desarrollado por las Comunidades y, por ende, por sus municipios) y por incumplimiento de la función social (haciendo una remisión estatal cuyo máximo exponente es la Ley de Expropiación Forzosa).

Por otro lado, aunque la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones establece supuestos expropiatorios derivados de la legislación urbanística y  amparados por el incumplimiento de la función social de la propiedad, lo cierto es que existen otros cauces expropiatorios posibles que ya recogía pormenorizadamente la derogada Ley del Suelo de 1992. Sin embargo, estas vías de expropiación (recogidas en el artículo 206 de la Ley del Suelo de 1992) no han desaparecido del Ordenamiento Jurídico ya que existen en todas aquellas legislaciones autonómicas que han utilizado la técnica del reenvío normativo a la Ley del Suelo de 1992, y también en todas aquellas Comunidades que las han regulado de forma expresa.

Así, además de los ya citados en la Ley de 1998 existen otros cauces expropiatorios que encuentran acomodo en ésta o en otras Leyes y que deben ser tenidos en cuenta. Para finalizar los comentaremos brevemente:

 a) Expropiación Sistemática o como sistema de actuación: la regulación se contiene en el artículo 33 de la Ley de 1998. Se trata simplemente del reconocimiento legal de la expropiación como sistema de actuación urbanística junto a los ya conocidos de compensación y cooperación.

 b) Expropiación para la ejecución de sistemas generales en suelo urbano o urbanizable y de las dotaciones locales incluidas en suelo urbano pero excluidas de unidades de ejecución. Este supuesto expropiatorio encuentra su reflejo normativo bien en la lesgislación autonómica propia, en los artículos 206.1, b y c de la Ley del Suelo del 92 en las Comunidades que hayan adoptado ese texto (como la Andaluza) y en los artículos 134.2 de la LS de 1976 y 194 a) del Reglamento de gestión Urbanística.

 c) Expropiación provocada: regulado en el artículo 69 de la Ley del Suelo de 1976 (que también se considera como regulación supletoria). Se produce cuando, anunciada una expropiación por razón de urbanismo y transcurridos 5 años de la vigencia del Plan o Programa de Actuación sin que dicha expropiación llegara a verificarse por la Administración actuante, el particular podría denunciar la demora y transcurridos 2 años sin verificarse la expropiación cabría presentación de una hoja de aprecio y a los tres meses su traslado al Jurado Provincial de Expropiación. En suma, es el particular quien “provoca” su propia expropiación.

 d) Expropiación para la Constitución o Ampliación del Patrimonio Municipal u otros Patrimonios Públicos de Suelo. Se regula en el artículo 90.2 de la LS del suelo de 1976. Así, se establece que “la adquisición de terrenos para formar reservas de suelo se podrá efectuar mediante expropiación”.

 e) Expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas de protección oficial u otros usos de interés social. Artículo 206.1.e) LS 1992.

 f) Expropiación dentro de un sistema de actuación distinto al expropiatorio: nos podemos encontrar con 3 tipos: como compensación a los propietarios no incorporados a la junta de compensación; como reacción frente a los propietarios incumplidores incluidos en una unidad de ejecución desarrollada bajo el sistema de compensación; como reacción en el sistema de cooperación cuando exista incumplimiento de las cargas y deberes exigidos.

 g) Ocupación directa: modalidad reconocida por el TC, se trata de la obtención de terrenos afectos por el planeamiento a dotaciones públicas mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real.

 

 Javier Vilavert Pérez. Abogado